Lo publicó el diario ‘Pueblo’ el 12 de julio de 1957: “Cada día 3.000 familias vienen a Madrid sin haber sido contratadas previamente”. Otros titulares de la época: “El éxodo de millares de campesinos hacia los grandes centros fabriles es ininterrumpida”. “La urbanización espontánea: un barrio extremeño surge en las afueras de Madrid”. Era lo que algunos calificaban como “invasión de emigrantes”. Entonces, los que venían a buscar trabajo y se asentaban como podían en los suburbios de Madrid no eran extranjeros, sino españoles. 

La revista ‘Semana’ lo calificó de “influencia inmensurable de personas que llegan a la capital sin trabajo ni vivienda fijos” en un reportaje que empezaba así: “Ya somos dos millones de habitantes en este Madrid inefable. ¿Y ahora qué hacemos?

¿La solución al problema del chabolismo? Vetar la entrada en la capital de todo aquel que no tuviera una vivienda. O el fin de la libre circulación de españoles… por España. 

En efecto, el franquismo tomó una medida drástica para frenar el éxodo rural hacia la capital: prohibir la entrada en Madrid. El 21 de septiembre de 1957, hace ahora 60 años, el BOE publicó un decreto de Presidencia del Gobierno para frenar los “asentamientos clandestinos” en la capital: “La afluencia constante a Madrid de familias procedentes de otras capitales y pueblos de la nación carentes, por lo general, de medios económicos, sin profesión determinada ni domicilio en que recogerse, lleva consigo una sistemática construcción de chabolas, cuevas y edificaciones similares en el extrarradio de la población, ocupando terrenos lindantes con importantes vías de comunicación e incluidos en planes urbanísticos aprobados o en proyecto”, arrancaba el texto del Gobierno. 

“El decreto prohibió la entrada en Madrid de las familias que no contasen con vivienda (y en las estaciones de ferrocarril, la policía devolvía al lugar de origen a quien no tuviese domicilio) al tiempo que se aprobó otro, dictando normas para impedir el asentamiento clandestino, derribando chabolas y devolviendo a sus habitantes a su lugar de origen”, cuenta Carlos Sambricio en ‘Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-1960'. 

El decreto anti jornaleros, cocinado en el consejo de ministros del 23 de agosto de 1957, convirtió la entrada en Madrid en un infierno burocrático. Artículo primero: “A partir de la publicación de este Decreto en el Boletín Oficial del Estado, toda persona o familia que pretenda trasladar su residencia a la capitalde la Nación dará cuenta al Gobernador Civil de la provincia por conducto del Alcalde de su residencia, de que dispone para su alojamiento en Madrid de la vivienda adecuada. Los Gobernadores de las distintas provincias comunicarán al de Madrid estos desplazamientos, con la indicación de los futuros domicilios, para su debida comprobación”. 

Artículo segundo: “A partir de la publicación del presente Decreto, las empresas de toda clase, industriales, comerciales o agrícolas, se abstendrán de contratar productores que no acrediten su residencia en Madrid con anterioridad a la fecha del mismo”. 

El decreto llamaba a “proceder al inmediato derribo de las cuevas, chabolas, barracas y construcciones similares realizadas sin licencia, en el extrarradio de Madrid, y para iniciar seguidamente los expedientes de expropiación”. A su vez, se instaba a los ministerios de Gobernación, Trabajo y Vivienda a “organizar un Servicio de Vigilancia en el extrarradio de Madrid”.